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Antiguo 13/02/2018 a las 01:05 horas, pepeillo perez  escribió lo siguiente:
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Predeterminado ESTRASBURGO condena a España por violar la libertad d expresión d 2 jóvenes q quemaron fotos del REY




Al parecer, tanto Estrasburgo, como los separatistas o podemitas, no nos dejan otra opción que pagarles con la misma moneda. ¿Quieren libertad de expresión? ¡Perfecto!

Desde mañana mismo vamos a quemar fotos de los podemitas, de los separatistas catalanes incluyendo al Puigdemon (bueno, a ese a lo mejor no, no vayamos a darle alas para que vuelva a dar la tabarra), a los del tribunal de Estrasburgo... esas bien grandes. A ver si siguen pensando que eso es libertad de expresión.

Lo digo medio en broma, no pretendo desatar una guerra. Pero estoy seguro que se hubiesen quemado fotos de ellos lo verían de otra manera.



Última edición por Grazia; 14/03/2018 a las 12:59
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Antiguo 13/02/2018 a las 15:16 horas, Grazia  escribió lo siguiente:
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Predeterminado 13-F. ESTRASBURGO condena a España a pagar 50.000 E a los asesinos de la T4 por maltrato




El Mundo

Estrasburgo condena a España a pagar 50.000 euros por maltrato a los etarras que atentaron contra la T-4


BEATRIZ RÍOS
Bruselas
13 feb. 2018 12:33


Estrasburgo condena a España a pagar 50.000 euros por maltrato a los etarras que atentaron contra la T-4 Foto: MITXI

Mil años de cárcel para cada uno de los etarras que atentaron contra la T-4

Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, dos ecuatorianos víctimas de ETA


Tras ser detenidos en enero de 2008 en Mondragón, Mattin Sarasola Yarzábal e Igor Portu, miembros de la banda terrorista ETA y autores del atentado contra la T-4 de Barajas, denunciaron torturas y maltrato por parte de la Guardia Civil en su traslado al cuartel de Intxaurrondo.

El atentado se cobró la vida de dos personas, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio.

La Audiencia Provincial de Guipúzcoacondenó a los cuatro agentes implicados, aunque posteriormente, el Tribunal Supremo anuló los cargos. Tras presentar los etarras un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

Estrasburgo les ha dado la razón y condena ahora a España a pagar 20.000 y 30.000 euros respectivamente a los etarras por daños morales.

En torno a las 10.30 horas de la mañana del 6 de enero de 2008, Mattin Sarasola Yarzábal e Igor Portu Juanena, miembros del comando Elurra de la banda terrorista ETA, son detenidos por la Guardia Civil durante un control rutinario en Mondragón (Guipúzcoa).

Sarasola y Portu, esposados, son introducidos en dos vehículos diferentes.

Los detenidos no llegan al cuartel de Intxaurrondo, al que son trasladados, hasta pasadas las 12.00, aunque el trayecto es de unos 70 kilómetros.

Siempre según el relato de los etarras, el lapso se debería a que, camino al cuartel, los coches se desviaron hacia una pista forestal donde los agentes los sometieron a vejaciones, insultos, amenazas y palizas.

Sarasola y Portu acaban esa noche en el hospital, el primero, con hematomas y erosiones por todo su cuerpo; el segundo, con un diagnóstico similar, pero de mayor gravedad, en la unidad de cuidados intensivos, donde pasa varios días.

Tras la detención, los etarras denuncian torturas y maltrato por parte de la Guardia Civil. Los agentes, sin embargo, negaron la parada en la pista forestal y alegaron que las lesiones sufridas por los demandantes se produjeron durante un intento fracasado de huida y debido a su resistencia a la detención, que ellos negaron.


Estado en el que quedó la terminal T-4 tras el atentado de 2006. | ANTONIO HEREDIA


Uso proporcionado de la fuerza, según el Supremo

Aunque la Audiencia de Guipúzcoa dio por válida la versión de los terroristas, al entender que las heridas no se correspondían con las incidencias descritas por los guardias civiles, el Tribunal Supremo anuló la condena a los agentes.

En su opinión, las lesiones sí eran compatibles con un uso proporcionado de la fuerza por parte de los guardias y no había pruebas sólidas de que se hubieran producido los actos de tortura o trato inhumano que describieron los terroristas.

El tribunal subrayó además que las alegaciones de este tipo son habituales entre los terroristas y apuntaba además a la existencia de una carta intervenida a Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, relatando cómo "van por buen camino las denuncias falsas de Portu".

En su sentencia, el TEDH alega que, aunque el maltrato infligido a los etarras no puede calificarse de tortura, "fue lo suficientemente grave como para ser considerado trato inhumano y degradante".

Estrasburgo reconoce la inconsistencia en el relato de los demandantes, pero cree suficientemente probado "que las lesiones descritas en los certificados presentados por los solicitantes, cuya existencia no fue negada por el Tribunal Supremo ni por el Gobierno, ocurrieron cuando se encontraban en manos de la Guardia Civil".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos alega que "ni las autoridades nacionales ni el Gobierno presentaron argumentos convincentes o creíbles que pudieran utilizarse para explicar o justificar, en las circunstancias del caso, los daños sufridos por los solicitantes" y que, dado que los demandantes estaban bajo su custodia, corresponde al Estado la carga de la prueba. Estrasburgo, por lo tanto, atribuye al España la responsabilidad por los daños sufridos por Sarasola y Portu.


Críticas al Alto Tribunal

Pero el TEDH va un paso más allá y critica además que el Supremo pusiera en tela de juicio el testimonio de los demandantes simplemente por su pertenencia a la banda terrorista ETA.

"El Tribunal Supremo se limitó en su sentencia de casación a rechazar la versión de los solicitantes sin, sin embargo, tratar de establecer si el uso de la fuerza física por los agentes de la Guardia Civil durante el arresto había sido estrictamente necesario y proporcionalmente o si los daños más graves sufridos posteriormente por el primer solicitante -de acuerdo con el establecimiento de los hechos del Tribunal Supremo- fueron imputables a los agentes responsables de la detención y supervisión de este último", critica la Corte.

Dado que considera probado el delito de trato degradante e inhumano ejercido por parte de la Guardia Civil a los denunciantes, Estrasburgo condena a España a pagar a Mattin Sarasola e Igor Portu, 20.000 y 30.000 euros en daños morales respectivamente.

Sarasola y Portu, autores confesos del atentado de la T-4 de Barajas en el que murieron dos personas, fueron condenados en 2010 a 1.040 años de cárcel por dos asesinatos y 48 tentativas por la Audiencia Nacional. En su sentencia, la Audiencia desestimó entonces las denuncias por torturas interpuestas por los etarras.


Sentencia sin unanimidad

La sentencia de Estrasburgo no ha logrado unanimidad entre los jueces, ya que tres de los siete votaron en contra. En la explicación del voto, los magistrados alegan, por un lado, que consideran la compensación insuficiente por entender que sí existe un delito de torturas.

Por otro, que la práctica del Tribunal Supremo de descalificar los testimonios por su pertenencia al entorno de ETA es habitual y debió tenerse más en consideración la opinión de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

De hecho, los jueces apuntan a que, en concreto en este caso, pero también en otras ocasiones, "el Tribunal Supremo realizó una nueva evaluación de la credibilidad de las declaraciones de los solicitantes y el testimonio de tres testigos, pero sin escucharlos de antemano".

Los jueces disidentes no solo se refieren al procedimiento, sino que consideran además probado el delito de torturas. El Tribunal entiende que existe tortura cuando se inflige deliberadamente "sufrimiento grave y cruel a las víctimas", y cuando además el objetivo perseguido el autor o autores es "obtener información, castigar o intimidar". Según los tres jueces, "todos estos parámetros están claramente presentes en este caso".

Los magistrados hacen referencia a tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la gravedad de los hechos, pues "el primer denunciante pasó cinco días en el hospital, incluidos tres en una unidad de cuidados intensivos". En segundo, "la intencionalidad de la brutalidad".

En este sentido los jueces subrayan que, aunque intervinieron 15 agentes en la detención, ninguno resultó herido, y que las lesiones sufridas por los etarras correspondían con su propia versión de los hechos, no con la de los guardias civiles.

Por último, los magistrados destacan la importancia del contexto, conscientes de que "los hechos tuvieron lugar durante un periodo particularmente sangriento, durante el cual las fuerzas de seguridad españolas fueron uno de los objetivos de ETA".

Por eso, los magistrados entienden que, aunque resulta imposible demostrarlo, las pruebas "nos permiten deducir que los guardias civiles estaban supuestamente motivados por un deseo de castigar, romper o intimidar a los solicitantes debido a su presunta pertenencia a ETA" y que las agresiones tenían un objetivo de "humillación" y "venganza" contra los etarras.

En su opinión disidente, tres de los cuatro jueces del tribunal alegan que las pruebas demuestran que la existencia de torturas es "casi incontestable".



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13 Feb 2018 Actualizado 18:39 CET

OKDIARIO

Catalá destaca que “el TEDH considera que no hubo torturas” a los etarras de la T4


El ministro de Justicia, Rafael Catalá (Foto: Efe)

OKDIARIO
13/02/2018 17:40

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado este martes que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por las lesiones sufridas por los dos miembros de ETA que atentaron en la T4 dice que “no ha habido torturas”, sino otro tipo de situaciones que “justifican las indemnizaciones”.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Catalá ha explicado que el tribunal atribuye al Estado español la “responsabilidad pecunaria” por los malos tratos sufridos por los etarras y que la cuantía fijada —un total de 50.000 euros— se descontará “de la que ellos tienen pendiente por los gravísimos asesinatos por los que fueron condenados”.

La sentencia constata que “sí se produjeron unas lesiones”, ha explicado Catalá, y esto es lo que se indemnizará, pero “no lo califica como torturas”, ha puntualizado.

Ha recordado que los hechos se enjuiciaron en España, donde hubo una sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, otra del Tribunal Supremo y luego un recurso ante el Tribunal Constitucional que no se admitió a trámite, por lo que se siguieron “todos los pasos” del sistema judicial español.

Por eso, valora la sentencia del TEDH porque supone que el sistema de garantías y de defensa de los derechos “ha funcionado” tanto en España como en Estrasburgo.

Ha afirmado que esto supone un fortalecimiento de los derechos de todos los ciudadanos porque, “incluso las personas que han cometido delitos gravísimos, de terrorismo, tienen la máxima tutela judicial de sus derechos”.

Por lo tanto, Catalá ha concluido que la sentencia demuestra “el funcionamiento del sistema institucional, la garantía de los derechos y la tutela judicial de todos, incluso de criminales condenados por los delitos más graves”

El grupo de EH Bildu ya ha solicitado la comparecencia del ministro de Justicia para que hable tanto en el Congreso como en el Senado sobre esta sentencia.
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Antiguo 13/03/2018 a las 15:34 horas, Grazia  escribió lo siguiente:
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El Mundo

Estrasburgo condena a España por violar la libertad de expresión de dos jóvenes que quemaron fotos del Rey


BEATRIZ RÍOS
Estrasburgo
13 mar. 2018 13:13


Un momento de la quema de las fotos del Rey Juan Carlos en septiembre de 2007, en Gerona. EDDY KELELE


HEMEROTECA: Unos 400 independentistas queman fotos de la Familia Real en un acto en Gerona

HEMEROTECA: El Constitucional niega el amparo a los que quemaron fotos del Rey


El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España a indemnizar con un total de 14.400 euros a dos jóvenes catalanes que quemaron fotos del entonces Rey Juan Carlos, durante una manifestación antimonárquica e independentista en 2007.

Estrasburgo considera que España vulneró su derecho a la libertad de expresión y que la pena de prisión, posteriormente sustituida por una multa, fue excesiva.

En septiembre de 2007, movimientos independentistas y antimonárquicos organizan una manifestación ante la visita del el entonces Rey de España, Juan Carlos I a Gerona.

Al término de la misma, en una concentración en una plaza pública, Enric Stern y Jaume Roura -que actúan con el rostro cubierto- queman fotografías del monarca.

Ambos fueron condenados a 15 meses de prisión, sustituidos por una multa, por un delito de injurias a la corona. Tras el rechazo del recurso de amparo por parte el Tribunal Constitucional, que consideró el acto como delito de incitación al odio, los demandantes acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que les da ahora la razón.


Enric Stern (izqda.) y Jaume Roura, en la Audiencia Nacional. | POOL | E.M.
"Crítica política"

El Tribunal entiende que la quema de las fotografías forma parte de "la crítica política" y alega además que "el interés de un Estado de proteger la reputación de su propio Jefe de Estado no puede justificar otorgarle un privilegio especial o protección frente al derecho a informar y expresar opiniones a su sujeto".

Respecto a la calificación de delito de odio por parte del Tribunal Constitucional, Estrasburgo considera que la quema de la fotografía no era más que una forma de "puesta en escena provocadora" para llamar a la atención de los medios de comunicación. Y, de nuevo, que se enmarcaba dentro de una crítica a la institución de la monarquía en general y no una amenaza a la persona de Juan Carlos.

Considera por tanto la corte que la intención de los demandantes no era de incitar a la comisión de actos violentos contra el entonces Rey. El Tribunal, por tanto, "no está convencido de que, en el presente caso, como un todo, el acto mencionado pueda considerarse razonablemente como una incitación al odio o la violencia", concluye.

Estrasburgo subraya que efectivamente, el derecho a la libertad de expresión está limitado por la incitación al odio y la violencia. Sin embargo, entiende el Tribunal, "la inclusión en el discurso de odio de un acto que, como el alegado en este caso a los solicitantes, es la expresión simbólica del rechazo y la crítica política de una institución y la consiguiente exclusión del campo de la protección que brinda la libertad de expresión implicaría una interpretación demasiado amplia de la excepción permitida por la jurisprudencia del Tribunal, que sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y la apertura".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos alega además que la pena de prisión por un delito cometido en el marco de un debate político, "constituye una injerencia en la libertad de expresión que no guarda proporción con el objetivo legítimo perseguido o necesario en una sociedad democrática".

Por lo tanto, Estrasburgo condena al Estado español a pagar 2.700 euros a cada uno de los demandantes por daños materiales y 9.000 a ambos, en concepto de gastos judiciales.



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Creo que desde las más altas instituciones tendrán que recurrir o contestar porque esto es contrario a nuestra Constitución, y no deberían meterse en estos charcos, porque entonces España sería una anarquía.

Hoy ya ha habido reacciones con gente de Amnistía Internacional gritando y movidas que no me parecen ni medio normales, claro, Podemos y los radicales de izquierdas restantes estarán encantados, pero esto no se puede consentir.



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Antiguo 13/03/2018 a las 22:43 horas, xaco  escribió lo siguiente:
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Si esto no es incitación al odio, que venga Dios y lo vea
Bueeeeeeno a los santones de Montserrat……..a esos que no le pregunten


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Antiguo 14/03/2018 a las 14:52 horas, Grazia  escribió lo siguiente:
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Los beneficiados por Estrasburgo pueden pedir al Tribunal Supremo que revise su situación

Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos marcan la interpretación de los tribunales españoles


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ubicado en Estrasburgo - EFE


Luis P. Arechederra
Madrid
13/03/2018 23:21h

Estrasburgo condena a España por multar la quema de una foto del Rey
Villegas, a Rufián:

«Queman banderas y quieren despenalizar sus actos»


Las condenas más importantes contra España en Derechos Humanos

Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos —conocido como Estrasburgo por la ciudad francesa donde se ubica— son obligatorias para España y sus tribunales.

Este tribunal es la máxima autoridad judicial europea para velar por los derechos humanos y las libertades. A él puede acudir cualquier persona que considere vulnerado un derecho previsto en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH).

Este tratado recoge en esencia los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que funciona como garantía contra los abusos de los poderosos, un escudo de las ciudadanos corrientes frente a las injusticias.

El Tribunal Constitucional ha dejado claro en sus sentencias que las decisiones de Estrasburgo son vinculantes para España, puesto que el CEDH forma parte del ordenamiento jurídico español.

Así lo establece el artículo 96.1 de la Constitución, según el cual los tratados internacionales son equivalentes a las normas españolas siempre que sean válidamente celebrados y publicados en nuestro país.

También lo regula así el artículo 10.2 de la Carta Magna, que obliga a interpretar los derechos y libertades según los tratados suscritos por España. España firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos en 1979.

A pesar de esta obligatoriedad, que convierte en vinculantes las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta el año 2015 no existía un mecanismo para convertir en efectivas estas decisiones, lo que ha generado algunas polémicas.

Los fallos de Estrasburgo no tenían efectos automáticos y no existía un mecanismo legal para activarlos, a expensas de las iniciativas de los tribunales.

Eso cambió en 2015, cuando se reformó la ley que regula los tribunales, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su artículo 5 bis prevé que pueden acudir al Tribunal Supremo, a través de un recurso de revisión, los afectados por una sentencia de Estrasburgo que reconozca la violación de un derecho o libertad.

«Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión», establece dicho artículo 5 bis.

Ese cauce pretende evitar la polémica que se produjo por la derogación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, que retrasó la salida de prisión de numerosos etarras de los años de plomo. El Tribunal Supremo estableció en 2006 que los beneficios penitenciarios se aplican en el total de la condena, no en los años de cumplimiento efectivo, lo que mantiene que los terroristas cumplan el periodo máximo en prisión.

Estrasburgo consideró ilegal la aplicación retroactiva de esa doctrina, impugnada por la etarra Inés del Río, lo que provocó que en 2013 la Audiencia Nacional excarcelara a numerosos etarras.

Además de este mecanismo para ser efectivas, las sentencias de Estrasburgo también marcan el camino a los tribunales españoles, que deben guiarse por la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Esto no supone una revisión automática de todos los casos parecidos, pues cada causa es diferente, pero sí fija el criterio que seguir en los siguientes procesos, según explican a ABC fuentes jurídicas.

Para revisar una decisión previa, si un afectado considera que su derecho también quedó lesionado, debe plantearlo ante el tribunal que le haya juzgado, encargado de la ejecución de la pena.



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Predeterminado 17-M. Fallo de Estrasburgo. Quemar fotos de los Reyes no puede ser libertad de expresión




OKDIARIO

Fallo de Estrasburgo.

Quemar fotos de los Reyes no puede ser libertad de expresión



Don Juan Carlos y Doña Sofía. (Foto: EFE)

Carmen Enríquez
16/03/2018 00:33

Cada día es más difícil entender algunas sentencias que dictan los organismos judiciales del más alto nivel y a los que se les supone, o se les debe suponer, la claridad de juicio, la ecuanimidad y la capacidad de emitir sus dictámenes dentro de la más absoluta equidad.

Esta reflexión viene a cuento del reciente fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el cual contradice a los magistrados españoles que condenaron a dos personas que no se contentaron solo con poner bocabajo un cartel con las fotos de los entonces Reyes Juan Carlos y Sofía sino que, para público escarnio, las quemaron y patearon las cenizas de lo que iba quedando de la imagen del jefe del Estado y su cónyuge. Y todo, como no, en nombre de la sacrosanta libertad de expresión.

¿De expresión?

¿O es lisa y llanamente, libertad de afrenta, agravio y ultraje a un símbolo de la nación española que representaba a la primera autoridad del país?

Últimamente parece que los términos que definen uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles están un poco confusos y en nombre de ese principio, cuyo respeto y cumplimiento es básico en cualquier país que se considere democrático, se cometen algunas tropelías.

No puede ser que unos cuantos se permitan el desahogo y el capricho de agraviar y no respetar los símbolos de la nación española como la bandera constitucional o las imágenes de las primeras autoridades del país, se les castigue por ello y al final, 11 años después, se determine que ellos actuaban bajo el paraguas de la libertad de expresión.

Es de suponer que dentro de nada, y si se recurre hábilmente por los interesados, la acción de pitar el himno nacional y proferir insultos al Rey en los actos públicos, eventos deportivos principalmente hasta ahora, sin olvidar manifestaciones como la de Barcelona tras los atentados, no habrá quien lo denuncie porque siempre habrá algún tribunal que lo declare un signo de la libertad de expresión.

Creo, firmemente, que la libertad para expresar discrepancias no puede ser confundida con las afrentas, los insultos y las descalificaciones contra los símbolos nacionales.

Como todo derecho, fundamental o no, el límite debe estar en respetar a los que no piensan como tú y en no traspasar la raya de la violencia física o verbal contra el prójimo.

Pero en España seguimos actuando aún con los complejos que nos quedaron después de superar la dictadura franquista y pensamos que ofender al Rey, acusándole de responsabilidad en la venta de armas a los países árabes, quemar fotos suyas por radicales llenos de rabia y rencor hacia todo, reducir a cenizas banderas legales y pitar el himno nacional es una muestra del pleno ejercicio de la libertad de expresión.

Pues no es así. No puede serlo de manera alguna. Convertir tropelías en ejercicio de libertad es simple y llanamente una perversión.



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Predeterminado Respuesta: 17-M. Fallo de Estrasburgo. Quemar fotos de los Reyes no puede ser libertad de expresión




Efectivamente, esto es lo que hay que arreglar y evitar, porque son nuestros más altos mandatarios y no se puede consentir que se les ofenda de esa manera... y ya vemos que se está aprovechando para hacerlo.. y eso está sembrando más odio y peligra nuestra paz.



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Predeterminado 17-M. LOPEZ GUERRA,el juez q siempre jugaba en el equipo contrario a España TERMINA MANDATO EN ESTRA




El Independiente

López Guerra, el juez que siempre jugaba en el equipo contrario a España TERMINA SU MANDATO EN ESTRASBURGO

Publicado el 16/03/2018Actualizado el 17/03/18 - 19: 33
AngelaMartialay


Luis López Guerra.

El mandato del magistrado Luis López Guerra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) expiró este miércoles. Atrás quedan once años de representación española en la Corte de Estrasburgo donde este juez –que fue número dos del Ministerio de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- ha jugado en distintas ocasiones en contra de los intereses de nuestro país.

Se le culpa de ser el responsable de que se tumbara la doctrina Parot en 2012 y se diera la razón a la etarra Inés del Río así como de que la Corte apoyara al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi cuando llamó al rey Juan Carlos “jefe de los torturadores”.

Lo cierto es que el mandato de este magistrado de izquierdas fue polémico desde su inicio: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la Carrera Judicial, recurrió su nombramiento en 2007 al no haberse motivado suficientemente por el Ejecutivo de Zapatero dicha designación.


Luis López Guerra tiene un currículum tan extenso como diverso.

Es catedrático de Derecho Constitucional, ex magistrado del Tribunal Constitucional -entre los años 1996 y 2001-, ex vicepresidente del Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) y ex secretario de Estado de Justicia desde 2004 a 2007, fecha en la que aterrizó en la Corte de Estrasburgo.

Nunca ha escondido sus ideas progresistas ni su proximidad al PSOE, partido al que además representó como diputado autonómico de la Asamblea de Madrid en el año 2003 antes de entrar a formar parte del Gobierno socialista.


Dos últimos varapalos a España

Sin embargo, si su nombramiento para el tribunal europeo fue controvertido, su salida no lo ha sido menos.

Antes de su despedida del TEDH, este magistrado ha apoyado dos condenas de calado a España: la recibida por maltratar a los etarras que atentaron contra la T4 del aeropuerto de Barajas y otra esta misma semana por haber vulnerado la libertad de expresión de quienes quemaron fotos del Rey en un acto en Gerona en el año 2007.

En esta última sentencia, Estrasburgo ha considerado que la quema de las fotos no puede catalogarse como una manifestación del discurso del odio, mientras que la condena penal impuesta por la Audiencia Nacional -15 meses de cárcel en 2008 sustituida por una multa de 2700 euros- se estima desproporcionada a los hechos cometidos.

El juez español López Guerra da la razón en Estrasburgo a los que queman fotos del Rey

Luis López Guerra, el magistrado español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha votado a favor de condenar a España por imponer pena de cárcel a dos manifestantes[...]

Sin embargo, si por un fallo se recordará a Luis López Guerra en Estrasburgo es por haber promovido desde su sillón en la Gran Sala que se anulase la doctrina Parot. Este juez fue uno de los siete magistrados que en julio de 2012 tumbó la Parot tras estimar el recurso de la etarra Del Río, antigua integrante del comando Madrid y condenada a 3.828 años de prisión por la comisión de 24 asesinatos.

Presidido por el andorrano Josep Casadevall, aquel tribunal lo completaron el rumano Corneliu Bîrsan, la armenia Alvina Gyulumyan, el holandés Egbert Myjer, el eslovaco Ján Šikuta y la georgiana Nona Tsotsoria.

Aquel fallo enterró definitivamente la doctrina que el Tribunal Supremo aplicó por primera vez al etarra Henri Parot y obligó a los tribunales españoles a excarcelar a criminales que tenían condenas centenarias a sus espaldas como el violador del ascensor o el violador del estilete junto a decenas de terroristas.


El papel del juez nacional

Sin duda, el criterio de López Guerra fue determinante en este fallo. Tal y como explica su antecesor en el cargo, el abogado del Estado Javier Borrego, en declaraciones a El Independiente, “el juez nacional tiene mucho peso en las decisiones que el tribunal adopta sobre los asuntos de su país ya que es el encargado de trasladar a sus compañeros cómo es la situación en el mismo”.

De la misma forma, Borrego pone de manifiesto que “la posición del juez nacional en el TEDH siempre es una posición preponderante cuando se estudian los recursos de su país” y remarca que “cuanto más sensibilidad despierta ese asunto más importante es su criterio”.

El pasado 25 de enero, el Consejo de Europa eligió a la catedrática María Elósegui Itxaso sustituta de López Guerra en el TEDH. Sin embargo, desde que se produce la elección de un miembro de la Corte hay tres meses de plazo para que tome posesión.

De ahí que hasta esta semana no haya expirado el mandato del progresista López Guerra y se haya incorporado su sucesora. Sin embargo, no sería de extrañar que, aunque el mandato del catedrático ha finalizado, tenga que volver a participar en deliberaciones en Estrasburgo.

La razón es que el Reglamento de la Corte establece que cuando un magistrado se ha pronunciado sobre un asunto -ya sea sobre su admisión a trámite o sobre el fondo del mismo- tiene derecho a conocer de él aunque ya no forme parte del tribunal.

Es decir, si por ejemplo ahora la Abogacía del Estado española decide recurrir alguna de las condenas recientes ante la Gran Sala, Luis López Guerra –aunque tiene el mandato finiquitado- tendría que volver a Estrasburgo para resolver sobre ese asunto.

Así que este juez todavía puede jugar en el equipo contrario algún partido más.

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